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"Es una
hipocresía total que el gobierno de Scioli se llene
la boca diciendo que se van a obligar a los bancos a
poner biombos, cámaras de seguridad e inhibidores de
celulares, cuando la propia Provincia está en falta
y ni siquiera es capaz de garantizar mínimas
condiciones de seguridad a clientes y empleados del
Bapro", dijo Martello. |
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El presidente del bloque
de diputados provinciales de la Coalición Cívica,
Walter Martello, presentó un pedido de informes al
Ejecutivo bonaerense ante las denuncias, que vienen
realizando empleados del Banco Provincia, respecto a
que las autoridades de esa entidad bancaria no
estarían adoptando las acciones necesarias para
evitar las salideras y otros hechos delictivos.
"Es una hipocresía
total que el gobierno de Scioli se llene la boca
diciendo que se van a obligar a los bancos a poner
biombos, cámaras de seguridad e inhibidores de
celulares, cuando la propia Provincia está en falta
y ni siquiera es capaz de garantizar mínimas
condiciones de seguridad a clientes y empleados del
Bapro", dijo Martello.
Según vienen
denunciando la Comisión Interna Gremial del Banco
Provincia, desde donde enviaron una nota al
gobernador Daniel Scioli, las autoridades de la
entidad están muy atrasadas en el cumplimiento de
las medidas dispuestas por la comunicación A 3390
del Banco Central (BCRA), del 21 de diciembre de
2001, que establece la obligación de instalar
circuitos cerrados de televisión de seguridad (CCTV)
en todos los bancos. Los empleados afirman que
faltan en más de 120 sucursales y, además, muchas de
las cámaras instaladas no tienen el control
correspondiente.
También denuncian que
no se cumple con la comunicación "A" 4478 del BCRA,
del año 2008, que ordena el cierre vidriado de cajas
hasta una altura mínima de 2,20 metros desde el
mostrador. Los empleados consideran que esta medida
es fundamental para desalentar los robos exprés.
Pero de las 350 sucursales que tiene el Bapro,
solamente 10 cumplen con ese requisito, cuando el
compromiso inicial preveía cumplirlo para 2009 y las
propias autoridades habrían pedido una prórroga para
finalizarlo recién en 2013.
"Queremos que el
Ejecutivo provincial de explicaciones sobre esta
grave situación. Y también le informe a la sociedad
si es cierto que estas simples disposiciones de
seguridad no se cumplen porque no se cuenta con el
personal necesario, debido a que la planta de
personal del Bapro fue reducida en 1300 personas en
los últimos dos años", dijo Martello.
La falta de personal
provoca demoras en la atención y la consecuente
aglomeración de clientes en los salones de la casa
central y en las sucursales. Y ello, según afirman
los propios empleados, facilita la tarea de aquellos
que se dedican a ser los informantes en el caso de
las salideras.
"También debe
investigarse la contratación de empresas de
seguridad privada que hizo el Bapro con el objetivo
de bajar costos laborales. Muchas de las empresas de
este rubro fueron cuestionadas por el propio
Ministerio de Justicia y Seguridad, y existen
sospechas de que algunas de ellas se estarían
nutriendo de la ‘mano de obra‘ desocupada que fue
expulsada de distintas fuerzas de seguridad",
concluyó el diputado bonaerense.
La Plata,
Sábado 14
de Agosto de 2010.- |
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